martes, 13 de marzo de 2012
TAREA DEL CURSO 2
Ahora vamos a hacer un ejercicio de inserción de un hiperenlace al blog que mi estimado profesor Antonio Caño ha hecho para impartir el curso.
TAREA DEL CURSO 1
En esta entrada vamos a poner un poco de texto junto con una imagen.
En
España la generación de energía eléctrica procedente de fuentes
renovables, ha sido impulsada durante los últimos años. En nuestro
caso de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, se ha creado
un marco normativo muy favorable y se han establecido incentivos
financieros para estas instalaciones. Dicho marco regulatorio viene
dado principalmente por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, R.D.
1663/2.000, R.D. 1432/2.002, R.D. 436/2.004, RD 661/2.007,
RD1578/2.008, Reales Decretos de 2010 y el Plan de Energías
Renovables 2.005-2.010 (PER). Comentaremos muy brevemente la
principal legislación aplicable a escala nacional de los sistemas
fotovoltaicos conectados a la red.
Ley
54/1997, de 27 de noviembre, regula las actividades destinadas al
suministro de energía eléctrica, consistentes en su generación,
transporte, distribución, comercialización e intercambios
intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica
y técnica del sistema eléctrico.
R.D.
1663/2.000, de 27 de noviembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Real
Decreto 314/2.006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, estableciendo la obligatoriedad de
instalar sistemas solares térmicos y fotovoltaicos en los edificios
nuevos que cumplan unos requisitos. Este Real Decreto en su sección
“HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica”
expone que, integrado en edificios que así se establezcan, se
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía
solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para
uso propio o suministro a la red. Los valores de potencia a instalar,
derivados de esta exigencia básica, tendrán la consideración de
mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a
la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su
localización y ámbito territorial.
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